La Asociación de Profesionales de Inmobiliarias de la Pimeef celebra que se vayan a agilizar los trámites para construir: «Hay que ampliar la oferta».

FUENTE: DIARIO DE IBIZA (extracto) (suscripción), 17 ABRIL 2025

Toni Escandell Tur
La Asociación de Profesionales de Inmobiliarias (API) de Ibiza y Formentera, de la Pimeef, celebra el decreto de vivienda que PP y Vox convalidaron el martes en el Parlament para, por un lado, agilizar la construcción de viviendas en suelos urbanos y urbanizables y, por otro, permitir edificar en las áreas de transición, es decir, aquellas zonas colindantes con los núcleos urbanizados en los municipios de más de 20.000 habitantes, que en Ibiza son todos menos Sant Joan. En todo caso, aplicar o no el decreto será decisión de los ayuntamientos.

Los cuatro consistorios susceptibles de aplicar esta medida en la pitiusa mayor ven con buenos ojos el acuerdo, a la espera de leer la letra pequeña y estudiar con profundidad el efecto que puede tener a nivel local. Si bien las organizaciones ecologistas y el Sindicato de Inquilinas han mostrado su rechazo, la mencionada asociación de la Pimeef defiende que «cuando hay una situación de emergencia y totalmente excepcional, es bueno, por lo menos, estudiar una medida excepcional como esta, contemplarla, pero siempre que se mantenga el respeto del valor que tienen estas islas: su entorno natural». Así lo expresa el presidente de la API Ibiza, Ricardo Sánchez.

Mercado libre o regulado
Así, señala que hay que esperar «a ver cómo se materializa»: «Vemos algunas medidas de prudencia, ya que el decreto no habla de todo el terreno rústico, sino sólo de aquel que sea anexo a lo que ya es terreno urbano. Además, la voz final la tiene el ayuntamiento correspondiente». Precisamente este martes Consuelo Antúnez, presidenta de la Asociación de Construcción y Derivados de Ibiza y Formentera de la Pimeef, defendió que el porcentaje que contempla el Govern de reservar un 50% a vivienda asequible, en las construcciones que se realicen en áreas de transición debería subir «si no al 100%, al máximo». Preguntado por estas declaraciones, Ricardo Sánchez expresa: «Yo lo dejaría para la iniciativa pública, ya que es una medida excepcional y que vamos a utilizar un suelo que ahora mismo es rústico. Si se hace una recalificación, yo también pienso que eso debe ser para abordar la urgencia que tenemos en materia de vivienda. Creo que mayoritariamente debería ser de iniciativa pública».

Preguntado por la posibilidad de que al menos parte de las viviendas que se levanten en esos nuevos suelos disponibles acaben en el mercado del lujo, señala que tendrá que ser «la Administración la que tenga que poner las normas para que eso no ocurra». Celebra que «el decreto plantee reducir de manera importante los plazos de entrega y de materialización» de las nuevas viviendas. «Ahora, suelen pasar diez años para que se puedan disfrutar. En la situación en la que estamos, la medida que vemos más eficaz para poder hacer frente y que empiecen a bajar los precios de vivienda, tanto en venta como en alquiler, es que se amplíe la oferta».