La presidenta de la Asociación de Construcción de la Pimeef, Consuelo Antúnez, lamenta que, ante la perspectiva de trabajo que hay en las Pitiüses, sean las empresas de fuera las que vienen a trabajar, algunas al margen de la legalidad y otras, las que sí cumplen las normas, pero se llevan los beneficios a sus lugares de origen.

-El sector de la construcción consolida su recuperación en las Pitiüses con un crecimiento del 107% desde 2013 hasta 2015. ¿A qué se deben estas cifras tan positivas?
Ese porcentaje se refiere a proyectos visados del Colegio de Arquitectos y, si bien son datos muy positivos, no quiere decir que sea ese mismo crecimíento el que llegue a las empresas de construcción de Ibiza y Formentera. Puede que algunos de esos proyectos no obtengan la preceptiva licencia de obras, que el promotor no consiga financiación para llevar a cabo los trabajos o que se encargue la ejecución de las obras a alguna de las múltiples formas de 'empresas' ilegales. Es cierto que ha habido un incremento importante de trabajo en nuestro sector, pero no en esos porcentajes. Se aproximaría más a la realidad, la comparativa entré esas mismas fechas, de trabajadores del sector, que ha tenido un aumento de un 16%.

-¿Qué tipo de obras están impulsando al sector?
Sobre todo la vivienda. Se sigue haciendo obra nueva, pero en los últimos años el incremento de reformas ha sido importantísimo, tanto de viviendas como de la planta hotelera.

-Uno de los problemas del sector era la lentitud en la la tramitación de proyectos y licencias urbanísticas, ¿se ha solventado esta situación?
No. Cada vez hay más trámites que pasar y son tantos que, aunque en cada unos de ellos se emplearan los plazos minimos (que no siempre es así, claro), los tiempos son desesperantes. Esto, junto a los cambios de normativa cambiante cada cuatro años, hace que posibles inversores se desanimen y no lleven a cabo sus proyectos.

-El sector siempre ha reclamado más inspectores para combatir la proliferación de empresas ilegales ¿Se ha conseguido un mayor control sobre la competencia desleal?
No. Las campañas que se han promovido desde el Govern han ido dirigidas sobre todo a hostelería y restauración, pero a construcción aún no nos ha llegado el turno. Desde las administraciones siempre nos han instado a denunciar las ilegalidades y, aunque se han presentado varias a través de PIMEEF, creemos que no es ese nuestro trabajo, sino el de los celadores o inspectores. Son ellos los que tienen que poner orden ante tanta ilegalidad.

-¿Qué valoración hace de los últimos proyectos que se están llevando a cabo en Eivissa?
Se están haciendo obras muy importantes ahora mismo, pero lamentablemente muchas de ellas las están llevando a cabo empresas de fuera de la isla, tanto nacionales como internacionales. Ante la perspectiva de trabajo que hay en las Pitiüses en comparación con otros territorios, son muchas las empresas que vienen a trabajar aquí. Entre estas empresas, cabria distinguir dos tipos: los que trabajan al margen de la legalidad (contratos a media jornada trabajando diez o doce horas, salarios por debajo de Convenio, trabajadores viviendo hacinados incluso en la misma obra en la que trabajan...) y las que sí cumplen las normas.
Dentro de éstas últimas está, por ejemplo el caso de empresas extranjeras que traen a compatriotas menos de 180 días, que es el plazo que marca la ley para tributar en España y vienen con contratos con las condiciones de sus países de origen, normalmente mucho menos exigentes que la española y también empresas de otras zonas de España que también tienen Convenios con salarios fijados por debajo del de Baleares.
Todos estos casos, más o menos legales, hacen que el dinero que se mueve a través del sector de la Construcción, no revierta en ningún caso en las islas: no dan trabajo a la gente de aquí y los beneficios se los llevan a sus lugares de origen.

-¿Cómo está la normativa respecto a las reformas?
Creo que se debería fomentar mucho más la reforma. Todos los políticos hablan de lo importante que es la reforma frente al consumo de Territorio, pero la realidad es que mientras la obra nueva está gravada con un 10% de IVA, la reforma lo está con un 21 % (salvo en algunos pocos casos). También sería muy importante que los Ayuntamientos pusieran al día sus Ordenanzas para cumplir con lo que les exige la Ley para la realización de Informes de Evaluación de Edificios, con el fin de tener conocimiento del grado de eficiencia energética, determinar, en su caso, las deficiencias de conservación y determinar la posibilidad de realizar ajustes en materia de accesibilidad. Es un campo importante de trabajo para nuestro sector y que por ley, deberíamos eslar haciendo ya.