El vicepresidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) y presidente de PIME Balears ha trasladado las necesidades de las pymes y los autónomos durante la próxima legislatura ya que "suponen más del 90% del tejido empresarial español".

FUENTE: ONDA CERO IBIZA Y FORMENTERA, 14 SEPTIEMBRE 2023

Redacción
El ibicenco Alfonso Rojo como Vicepresidente de Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) y como presidente de PIME Balears ha tenido una reunión con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Acompañado del presidente José María Torres han expuesto a la que fuera presidenta del Govern balear con el PSIB las necesidades de las pymes y los autónomos para que durante la próxima legislatura los pequeños empresarios no sigan estando en el furgón de cola.

En este caso Rojo ha asegurado que su relación de Francina Armengol viene de lejos tras haber trabajado mucho con ella cuando era presidenta de Baleares dentro de la mesa del diálogo social y ha recordado que Baleares y Catalunya son las únicas regiones donde PIMEEF son reconocidas con la máxima representatividad. Sin embargo, también ha lamentado el no estar en la mesa de diálogo nacional como si lo están las grandes empresas que forman parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) que es una rama de esta última y que provoca que los pequeños empresarios queden en un segundo plano.

Algo que Rojo no entiende porque según sus palabras más del 90% de las empresas que hay en España son pymes llegando a generar el 62% del Valor Añadido Bruto y el 66% del empleo empresarial total.

Reducir la morosidad
Por último, el presidente de PIME Baleares ha hecho un llamamiento a través de los micrófonos de este programa para que se frene la morosidad en las pequeñas empresas para que se mejore su liquidez recordando que la Comisión Europea presentará próximamente ante el Parlamento Europeo un Reglamento que sustituirá a la Directiva Europea sobre Morosidad y que consistirá en que las empresas tengan que pagar a un máximo de 30 días, en vez de a 60 como estaba contemplado hasta ahora en la directiva y en la Ley de Morosidad española.

Y es que según algunos datos, la morosidad que sufren los pequeños negocios no dejó de crecer desde 2017 y supera de media los 81 días lo que beneficia claramente, según Alfonso Rojo, a las grandes empresas.