Consuelo Antúnez lamenta la lentitud en la tramitación de proyectos y que una gran parte de las obras se contraten con empresas de fuera de las islas o con trabajadores ilegales. Considera fundamental llevar a cabo normativas que perduren. FOTO: Periódico de Ibiza y Formentera.

FUENTE: PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA, 25 MARZO 2018

En un contexto marcado por la incertidumbre jurídica, con normativas que cambian cada 4 años, y por el retraso desmesurado en la concesión de licencias, el sector de la construcción en Ibiza y Formentera cerró 2017 con buena nota, ya que creció un 8%. Sin embargo, para la presidenta de la Asociación de constructores de la PIMEEF, Consuelo Antúnez, "aún queda mucho por hacer".

-¿Ha sido 2017 un buen año para sector de la construcción en las Pitiusas?
Sí ha sido un buen año, ya que han experimentado un incremento de en torno al 8% con respecto al 2016 en lo referente a contratación. El crecimiento de la inversión ha sido de un 21,86%, lo que deja patente un año más que una gran parte de las obras se contratan con empresas de fuera de las islas o con trabajadores ilegales.

-Uno de los problemas que arrastra el sector es controlar que todos los empresarios cumplan con las leyes, ¿Ha mejorado esta situación?
De los datos anteriores se deduce que el problema, lejos de solucionarse, ha empeorado. Nosotros no tenemos datos de que se hayan llevado a cabo acciones para controlarlo, pero suponemos que en las inspecciones que se hayan hecho, también se controlará el cumplimiento de las obligaciones laborales.

-¿Hay previsto algún cambio en la normativa para solucionar la inseguridad jurídica que viven los ciudadanos?
No, de momento no parece que haya ninguna acción en ese sentido. Sería fundamental un gran pacto entre las diferentes fuerzas políticas para llevar a cabo normativas que puedan perdurar y no cambien cada 4 años y de esa manera, los ciudadanos sabrían con seguridad que es lo que pueden hacer o no en los terrenos o las viviendas de su propiedad.

-¿Está más controlado el intrusismo?
Se han hecho algunas campañas de inspección por parte del Govern, pero aún queda mucho por hacer, porque no tenemos la sensación de que esté más controlado. Las medidas son las de siempre: más inspección, más control, pero no solo de las obras que tienen el cartel en la puerta, sino también de las que no están dadas de alta en ningún sitio. Sería importante que las distintas administraciones públicas actuaran de forma organizada, no cada uno en la parcela que le afecta.

-¿Qué opina de los últimos datos de siniestralidad laboral?
Son terribles y muy preocupantes. Desde la Asociación de Construcción nos hemos puesto a disposición de la Conselleria para tomar todas aquellas medidas que consideren necesarias y poner en común todas las alternativas posibles para poder reducir tan preocupantes índices de siniestralidad.

-¿Cómo se presenta 2018?
Según las previsiones, las obras de viviendas continuarán creciendo, siendo gran parte de ellas, obras de rehabilitación y reformas. También se prevé un aumento significativo en la construcción de viviendas plurifamiliares, aunque esto es fácil, porque venimos de números insignificantes. Se están licitando varias obras públicas, curiosamente coincidiendo con la proximidad de elecciones. Todavía en 2018 se están haciendo obras en el sector turístico, pero previsiblemente, a juzgar por los datos de proyectos visados del Colegio de Arquitectos, en los próximos años, irá languideciendo.

-¿Se ha solventado la lentitud en la la tramitación de licencias urbanísticas?
Sigue siendo uno de los principales temores de las empresas constructoras, el retraso desmesurado en la concesión de licencias de obras, que ocasiona un grave perjuicio. Desde los ayuntamientos dicen que es por la falta de personal, así que en cuanto se derogue la Ley Montoro, se supone que se tramitarán con la agilidad que debería hacerse siempre. Ya veremos.