La aprobación de la Ley de cambio climático y transición energética genera «incertidumbre» en las pequeñas y medianas empresas pitiusas ante la perspectiva de que no se podrán comercializar coches con motores diésel desde el año 2025.

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FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 15 FEBRERO 2019

J. M. L. R. - Eivissa
La aprobación, esta semana, en el Parlament de la Ley de cambio climático y transición energética ha generado «incertidumbre» entre los empresarios pitiusos, que reclaman al Govern balear que, si realmente desea eliminar los vehículos impulsados por motores diésel, les conceda ayudas económicas para poder emprender la renovación de sus actuales flotas. La nueva legislación dispone que «a partir del 1 de enero de 2025 quedará prohibida la circulación en Balears de motocicletas y turismos que utilicen diésel como combustible», mientras que a partir del 1 de enero de 2035 no podran rodar por estas islas «las motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no estén libres de emisiones», es decir, tanto si usan gasoil como gasolina. La conselleria de Movilidad balear asegura que de esta medida quedan excluidos los camiones y autobuses.

«Como empresario, esa normativa me genera dudas. A día de hoy, me sería poco menos que imposible cumplirla. Y eso provoca incertidumbre», indicó ayer Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef. A su juicio, «logística y tecnología no están desarrolladas aún como para tomar ese paso» dado por el Govern balear. Y además, Rojo culpa al Ejecutivo balear de no facilitar la transición a la que obliga por ley: «Sale primero la normativa y más tarde llegarán las líneas de subvención. Otra cosa sería que anunciaran al mismo tiempo que con la prohibición de vehículos diésel se darán ayudas anuales del 30% para la renovación de las flotas».

Las ayudas son, en ese sentido, necesarias para poder afrontar la costosa renovación de las flotas, según el presidente de la Pimeef: «Ojo, no se puede cambiar todo el parque de la noche a la mañana. Eso tiene unos costes y aquí nadie ha puesto dinero sobre la mesa para facilitar la renovación de todos los vehículos diésel de aquí a 15 años».

Adquirir un eléctrico no sale barato («tienen unos precios desfasados en comparación con cualquier otro tipo de oferta», afirma Rojo), y volver a comprar uno diésel quizás sea arriesgado, lo cual crea incertidumbre entre los empresarios: «Si ahora –cuenta Rojo– tengo que invertir en un vehículo, no tengo posibilidad de comprar uno eléctrico, por lo que cuesta. ¿Tengo que adquirir uno que sé que dentro de diez años no me valdrá? Las cosas no se hacen así en las empresas».

Porque, según explica el presidente de las pimes de las Pitiusas, la mayoría «generalmente lo adquiere en propiedad para, como mínimo, amortizarlo en 10 o 15 años». ¿Y en renting? «Nosotros –añade– no somos grandes empresas, que pueden adquirir una flota en renting y renovarla cada cinco años. Ellas se lo pueden permitir porque tienen un volumen diferente al de una pime. Pero nosotros, los pequeños y medianos empresarios, debemos optimizar al máximo nuestras inversiones».

Caída de las ventas
Rojo es partidario de «todas las medidas que se tomen para mejorar el medio ambiente», pero «siempre que se aporten soluciones. Y en este momento, el mercado de vehículos alternativos no está desarrollado como para cubrir las necesidades» de los empresarios.

Antes de que se aprobara, la legislación que quiere borrar los diésel de la faz de Balears ya hizo estragos en las ventas. El año pasado, las matriculaciones de vehículos con esos motores cayeron un 17% en Ibiza. En 2017 ya bajaron otro 10%. «Estamos de acuerdo con el propósito de reducir las emisiones –señala José Antonio Colomar, presidente de la asociación de concesionarios de automoción pitiusa–, pero es un objetivo cuyos plazos y términos no son realistas».

Colomar asegura que tendría «más sentido» que la ley obligara a prescindir desde 2030 tanto de los vehículos de gasóleo como de los de gasolina, pues estos últimos «contaminan más, tienen más emisiones de CO2» que los de gasoil. Eso demuestra, según Colomar, que «esta nueva legislación no se apoya en fundamentos técnicos». También advierte de que los deseos de apostar por el coche eléctrico chocan con la cruda realidad: el precio medio (30.000 euros) es muy elevado para la mayor parte de los ciudadanos; pero, además, «las marcas sólo prevén que el 15% de sus ventas en 2025 sean de eléctricos. Si lo dicen ellos es porque no tienen capacidad de fabricar más».

«Tengo siete coches eléctricos: ahorro 600 euros al mes»
Toda la flota del presidente de los electricistas de la Pimeef es eléctrica: «El ahorro es inmediato»

José Miguel L. Romero - Eivissa
Juan Manuel Díaz, presidente de la asociación de electricistas de la Pimeef, predica con el ejemplo: «Todos los coches de nuestra empresa son eléctricos y funcionan perfectamente», asegura. Cuenta con siete vehículos de esas características, lo que le ha supuesto un considerable ahorro en combustible: «Hace tres años, por siete vehículos pagaba 1.200 euros en combustible al mes. Ahora pago 30 euros por vehículos en electricidad, más el renting, por lo que me sale a unos 90 euros por coche». Ahorra al mes «entre 600 y 700 euros», aproximadamente «el 50%», que podrían ser unos 1.000 euros si no tuviera que pagar el alquiler de la batería.

Díaz contempla el cambio legislativo como una oportunidad que sí pueden afrontar los empresarios pitiusos: «Cualquier empresa de reparto tiene una nave industrial. Si la tiene llena de placas solares (fotovoltaicas), para autoconsumo y para recargar su flota, se ahorraría mucho dinero».

El presidente de los electricistas cree que «la rentabilidad» es el mejor aliciente de la transición al vehículo eléctrico: «El ahorro es inmediato con furgonetas eléctricas. Otra cosa es la inversión para comprarlas. Si se contara con ayudas o subvenciones, sería ideal».

Respecto a si existen en Ibiza suficientes puntos de recarga, considera que para los empresarios no suponen ningún problema: «Los coches de empresas ya salen cargados de sus naves. Esos no necesitan puntos de recarga». Sí es un quebradero de cabeza «para los vehículos de alquiler o particulares que no tengan aparcamiento privado». De ahí que proponga que aparcamientos como el del parque Reina Sofía dediquen el 50% de sus plazas a puntos de recarga.

También insta al Consell y a los ayuntamientos a que «se comprometan». Cree que «se limitan a decir que no es de su competencia. No hacen nada, no se implican a la hora de apostar por el coche eléctrico. Lo que hace falta en Ibiza es concienciar».