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El presidente de la Pimeef considera que el Gobierno trata a los empresarios como a los «malos de la película». FOTO: Diario de Ibiza.

FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 31 MARZO 2020

Carmelo Convalia - Eivissa/Formentera
El presidente de la Petita i Mitjana Empresa (Pime) de Ibiza y Formentera, Alfonso Rojo, expresó ayer la «indignación y el cabreo» del sector por el último real decreto del Consejo de Ministros 10/2020, que endurece las medidas de movilidad y obliga a las empresas a asumir el coste del permiso retribuido recuperable obligatorio que deberán pagar a los trabajadores que no estén en la lista de servicios esenciales, desde ayer y hasta el 9 de abril y que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado domingo por la noche.

Uno de los sectores considerado como no esencial es el de la construcción, que tuvo ayer el día de plazo para cerrar las obras. Desde hoy quedan todas paralizadas, ya sean públicas o privadas.

Alfonso Rojo estuvo durante toda la mañana de ayer reunido por videoconferencia con la plataforma de pimes nacional, de la que forman parte 25 asociaciones. Una vez finalizada, manifestó: «Estamos viendo que hay muchas medidas que se están tomando para salvaguardar únicamente a los trabajadores».

Matizó que, las pequeñas empresas y autónomos, «desde el minuto uno velamos siempre por nuestros trabajadores, somos los primeros interesados. Pasar ahora a criminalizar a los empresarios es una diferencia ya que se nos está poniendo como infractores por defecto, por lo que nos sentimos atacados por el Gobierno», manifestó.

Recordó que las empresas de la construcción, desde hace 15 días, llevan trabajando en unas condiciones cambiantes «con normativas sanitarias jamás conocidas en ese sector, con bajadas de ingresos, ya que se está produciendo un escenario anormal, con muchas dificultades tanto en lo económico como en lo emocional, mandando gente a trabajar sabiendo que se pueden contagiar...». «Y que ahora te obliguen a asumir el pago por adelantado de estos días es un ataque bajo la línea de flotación de las empresas», critica. Alfonso Rojo incluso indicó que una vez pasada la crisis sanitaria y cuando comience la recuperación, esta medida «puede ser la muerte de muchas empresas».

El sentimiento que reina entre los empresarios de las Pitiusas, dijo, «es de frustración y cabreo porque se nos exige ir a todos en el mismo barco pero que el que reme más sea el empresario, y esto nos hace pensar que no vamos todos en el mismo barco».

Al recordarle que esa medida implica que los trabajadores devuelvan las horas pagadas a lo largo de este año, indicó: «Nos parece muy bien pero es una medida que no ha sido consensuada. Si se hubieran atendido nuestras demandas estas empresas se hubieran ido a un ERTE por causas de fuerza mayor y el Estado habría asumido lo que le toca, que es lo que ha hecho con otros sectores». En cambio, señaló que el Gobierno no ha aceptado ninguna de las condiciones que propusieron «y ahora se nos impone esto».

Rojo considera que actualmente los empresarios necesitan ser bien tratados: «Lo que necesitamos es cariño, ánimo, pero cada una de las medidas que toman nos quita esa confianza y nos sume en el desánimo». «Nos han convertido en los malos de la película», concluyó.

Mientras tanto, CCOO y UGT en Balears están atendiendo numerosas llamadas desde el domingo por la noche de trabajadores a los que no habían comunicado si ayer tenían que ir a trabajar o si su empresa se considera esencial. Según explicaron, ayer se incorporaron en Balears un «número reducido de trabajadores», y en muchos casos no toda la plantilla, para recoger maquinaria y utensilios y preparar el cierre.

Desde UGT añadieron que también están recibiendo llamadas de otros subsectores que «no tienen claro si sus empresas son consideradas esenciales» porque «el decreto no lo especifica», como jardineros o trabajadores de mantenimiento industrial.

CCOO y UGT valoran el cierre de la construcción porque consideran que se estaba poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. «No se entendía que se mantuviese la actividad», defiende el responsable de construcción de la FCS-CCOO, Francisco Lahílla.

Por su parte, el sindicato CGT en Eivissa consideró la paralización de la economía no esencial como una cuestión de salud laboral y de responsabilidad, aunque lamentó que será «la clase trabajadora la que volverá a pagar las consecuencias de la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

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